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Fabián Pressacco, Director Magíster en Gobierno, Políticas Públicas y Territorio UAH, analiza la postergación de las elecciones de constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales.
Fuente: Latercera.com
La postergación de las elecciones, inicialmente programadas para el 10 y 11 de abril – para el 15 y 16 de mayo – es sin lugar a dudas, una medida necesaria para evitar dos efectos que pueden ser muy nefastos, aunque en ámbitos diferentes: por un lado, un deterioro de la compleja la situación sanitaria con la realización de un acto electoral que movilizará millones de personas; por el otro, una merma en la participación ciudadana que si bien afectará a todas las elecciones que se realizarán en esa fecha, sin dudas afectaría más significativamente a aquella en la que se elegirán a los miembros de la futura Convención Constitucional debilitando la legitimidad de sus miembros así como de su resultado.
Desde ese punto de vista, es una decisión razonable que, incluso puede quedarse corta si es que los datos de la pandemia no mejoran sustancialmente antes de la nueva fecha obligando a una nueva postergación.
No obstante, cabe preguntarse por los costos que esto pueda tener y también por cómo las acciones u omisiones del gobierno han generado en cuadro en donde se hace necesaria esta postergación. La postergación de las elecciones fortalece las posibilidades de aquellos candidatos y candidatas con más recursos, tal como han destacado diversos actores; desnivela aún más una cancha ya dispareja. Viene, por otro lado, a poner una duda más sobre la capacidad del sistema político para tomar decisiones que permitan cumplir con el calendario electoral comprometido, algo especialmente relevante si consideramos la relevancia del proceso constituyente y lo inédito de dos de esas elecciones. Y agrega más incertidumbre en un panorama muy incierto…
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