Daniel Leyton, coordinador Encuesta sobre Educación y Nueva Constitución UAH: “Existen sofisticados mecanismos neoliberales en la educación que serán muy difíciles de remover”
El sociólogo, Daniel Leyton, académico de la Facultad de Educación de la UAH y al mismo tiempo coordinador de la encuesta sobre Educación y Nueva Constitución UAH hace un llamado a debatir la idea de meritocracia en la educación superior, porque el concepto como se entiende hoy según los y las encuestadas responde más a la organización de los privilegios que a una noción de justicia social.
Para él, lo primero es comprender que los protagonistas del estallido social del 18 de octubre del 2019 fueron estudiantes que saltaron torniquetes para denunciar los abusos y desiguales oportunidades de un sistema económico neoliberal y que luego la academia, en este caso representada por la Facultad de Educación de la UAH, reaccionó para entrar en debate y levantar una serie de conversatorios multiestamentales para saber qué cambios en el modelo educativo son necesarios para lograr el bien común que los chilenos y las chilenas demandan.
Los resultados de la encuesta UAH “Educación y Nueva Constitución. Temas y debates para la Convención” se pueden revisar en este link.
Frente a los hallazgos, el académico comenta que lo que se puede interpretar es que existen consensos en temas de cambio del modelo: cerca del 70% apoya el fin al lucro en todas las formas de la educación parvularia y escolar, un porcentaje similar prefiere un Estado que apoye a les docentes y las comunidades en la elaboración de sus propias medidas que permitan una mejor educación en desmedro de las pruebas estandarizadas como el SIMCE.
Así también, un importante 30% plantea que la tarea principal de la educación es la formación ciudadana para que podamos participar democráticamente de la construcción de nuestra sociedad.
Por otro lado, la gran mayoría -cerca del 60%- opina que la finalidad principal de la educación es una formación integral que incluya los valores, la afectividad, y en general una visión más holística de las personas. Esto, puede leerse también como la búsqueda de una educación humanista más allá del desarrollo de la razón y de las dimensiones económicas de la educación.
-Pero esta redefinición por sí sola no da cuenta de una superación del modelo neoliberal en el sistema.
– Así es, porque el mercado educativo o la educación privada puede perfectamente generar este tipo de “oferta” educativa y producir, de esa manera, nuevas desigualdades y nuevos mercados. Por ello, y teniendo en cuenta todos los cambios que ha experimentado la educación tanto escolar como superior en el país, hoy en día existen sofisticados mecanismos neoliberales en la educación y sostenidos institucionalmente que serán muy difíciles de remover.
-La convención entonces no la tendrá tan fácil: ¿Cuáles serían esos mecanismos neoliberales en la educación que serán muy difíciles de remover? –
-Me refiero a la centralidad de la competencia, la imposibilidad de priorizar las instituciones estatales-públicas de las privadas y la mercantilización de las instituciones del Estado, la protección de la educación privada como iniciativa empresarial y de lucro (en la educación superior técnico-profesional el lucro es legal y no sabemos muy bien sobre la efectividad real de las regulaciones que prohíben el lucro, por ejemplo, en los otros sectores), la proliferación de empresas y otros actores privados que ofrecen servicios a escuelas e instituciones de la educación superior para que puedan responder a las demandas de “calidad” que impone el Estado y el mercado, la presencia de instituciones que asumen al estudiante y familias como consumidores/clientes, y la visión institucional de concebir a la educación como capital humano -como una inversión individual en busca de recompensas económicas en el futuro. También hay otras formas del neoliberalismo que parecen ser más aceptadas y menos problematizadas que las anteriores como, por ejemplo, la centralidad que va adquiriendo la formación “emprendedora”, la cual privilegia formas de gestión y planificación de uno mismo y sus acciones como si todos fuéramos, quisiéramos y debiéramos ser sujetos empresariales.
Para Leyton, el gran debate público que viene debe poner en el centro la ética pública de todas las profesiones, los derechos humanos, la formación en tanto trabajadores y trabajadoras vinculada a la ciudadanía y el fortalecimiento de los derechos laborales, y la educación anti-racista, no-sexista y ecológica que permitirán cuestionar fuertemente y entender los daños culturales, económicos y subjetivos que produce, por ejemplo, el machismo y la explotación de la naturaleza de manera extractiva. La convención constitucional es un espacio de suma importancia para abordar estas temáticas. Estas dimensiones, entre otras, son insoslayables para la sociedad de nuestro presente inmediato y futuro, dice.
Sujetos con pensamiento crítico
-Según la encuesta, el tipo de sujetos que Chile quiere formar son ciudadanos con una dimensión humana y cívica. ¿Cuál es el trasfondo que usted ve en esta definición? –
-Claro, como dije al inicio, la mayoría de les encuestades piensan que la finalidad de la educación debe ser la educación integral -basada en una visión holística del ser humano y la relación con su entorno-, junto con la formación ciudadana, que da cuenta del énfasis en la formación de una subjetividad política que permita profundizar nuestra democracia. Estas dos visiones mayoritarias, por ejemplo, dan cuenta de dos grandes dimensiones de la educación que podrían estar articuladas. Una -la educación integral- que sea capaz de incorporar visiones más complejas del sujeto, haciendo énfasis en la formación consciente que conecte afectividad y racionalidad, en una formación personal y a la vez de respeto por la diferencia y el entorno. Y la otra, una dimensión propiamente política, que implicaría tanto una educación orientada al abordaje de los conflictos y desacuerdos como experiencias democráticas y oportunidades de profundización de la dignidad de la vida social, la formación de la voluntad de las personas de participar y hacer suyas las deliberaciones y decisiones por las cuales nuestra sociedad se gobierna, ordena y transforma así misma, como también, cuestiones asociadas a la relación entre intereses económicos y políticos, o entre la clase social y posición política. Saberes que hoy parecen ser solo importantes para las ciencias políticas, pero que en realidad deben hacerse públicos y ser parte de la formación escolar y superior de manera transversal. Para una sociedad que busca mecanismos de democracia participativa, directa, feminista, menos elitista, por ejemplo, es necesaria la profundización de esta dimensión política de la educación.
Redefiniendo la meritocracia
– Por otro lado el concepto del mérito que la encuesta lo asocia a la organización de los privilegios que dan buenos resultados en las pruebas estandarizadas también se pone en entredicho –
-En la encuesta se aborda, de alguna manera, el mérito en la pregunta sobre qué sistema de acceso se quiere en la educación superior. Si bien la mayoría de les actores educativos -56,6%- prefiere un sistema que garantice el acceso de grupos socioeconómicos menos privilegiados e independiente de sus resultados en la prueba de admisión. Estas respuestas, que superan el 70% en les jóvenes encuestados y casi el 60% en las mujeres encuestadas, dan cuenta, a mi modo de ver, de una mayor toma de conciencia que las pruebas de selección o transición universitaria hacen pasar el efecto de las condiciones sociales e institucionales en las cuales a uno le toca vivir por mérito. Pero esto no significa una crítica radical al mérito. No podemos saber eso con esta encuesta.
– ¿O sea hay una conciencia que la próxima Constitución debe remover este tipo de cimientos para tener resultados educativos con sentido de justicia real? –
– Es importante reconocer que el mérito funciona como un criterio que permite evaluar cuan justo o injusto son ciertos tratos o situaciones que vivimos, por ejemplo, cuando alguien trabaja más y recibe un menor salario. En este sentido, no se trata de sacar el mérito como criterio de justicia cotidiana, sino que cuestionarlo y minarlo como forma dominante de organización de los recursos, derechos y oportunidades educacionales, puesto que esconde y niega los profundos efectos de nuestras condiciones sociales -materiales y subjetivas- de vida.
– Si eliminamos la meritocracia como la entendemos: ¿Qué nuevos enfoques se presentan para conversar, por ejemplo, del acceso a la educación superior de una manera más justa? –
-Hablamos de la preferencia por mecanismos de admisión más justos -alejados de los efectos de la ilusión meritocrática que dan estas pruebas- que permitan una conversación más amplia sobre el acceso y el derecho a la educación superior, más allá de la meritocracia. Ya sea esta mejor medida o más acotada, lo cierto es que en Chile la meritocracia es una forma de organizar los privilegios bajo la ilusión de que las personas pueden superar por sí mismas las condiciones sociales en las que viven, y que incluso el esfuerzo, la agencia de las personas, es algo “independiente” de las condiciones sociales. Esto es más bien una comprensión limitada. Las propias fuerzas sociales configuran también la capacidad de actuar que tenemos las personas, y es siempre gracias a ellas o por ellas que nos movilizamos, actuamos, tenemos agencia “personal”, y no a pesar de ellas. También, cuando se piensa en sistemas de admisión más justos, es una oportunidad para pensar el acceso asociado al derecho a participar en la construcción del conocimiento y en la dirección y uso que queremos darle. En ese sentido, tenemos que pensar cómo abrimos la educación superior a la sociedad y cómo se contribuye en ampliar el derecho a construir el saber y a aplicarlo con soberanía, a tener las herramientas necesarias para construir un conocimiento que permita actuar sobre un mundo del cual nos podamos sentir parte y actores.
Los resultados de este estudio serán entregados a la mesa directa de la Convención Constitucional como un aporte y un insumo de la UAH a la discusión constituyente comprendiendo el compromiso público de ser un aporte para implementar políticas de futuro.