Fuente: El Mostrador
Se ha vuelto a poner en el debate público en Chile el tema de vientre de alquiler o gestación subrogada. Esta ocurre cuando se encarga la gestación de un embrión en el útero de otra mujer, distinta a la que proporciona el óvulo o quiere ser madre, y se paga por ello. Se opta por este método por razones médicas, por imposibilidad de embarazo o por razones estéticas o sociales.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2016), la gestación subrogada ocurre cuando una mujer acepta con su consentimiento a que se transfiera un embrión engendrado para embarazarse, ya sea a través de una inseminación artificial homóloga o heteróloga para luego entregar al recién nacido a los padres. Es necesario mencionar que, en una encuesta realizada en Chile el año 2021, el 87% de los entrevistados estaba de acuerdo con esta técnica pese a que en nuestro país esta práctica no está permitida. De hecho, en 2010 se creó un proyecto de ley referido a sancionar la maternidad subrogada, y otro en 2017 para regularla. Aún no se legisla.
Arrendar un vientre representa algunos problemas éticos y legales. Ético, porque se utiliza y mercantiliza el cuerpo de una mujer. Esto representa una violencia material y simbólica en la medida que quienes acceden a alquilar su cuerpo son mujeres, generalmente pobres o que están atravesando problemas económicos, hambruna, migración no regulada, entre otros motivos. La aceptación del trato puede estar mediada por situaciones extremas de necesidad, es decir, el dilema ético es el intercambio económico. Este aspecto atenta contra el principio de la justicia e igualdad, pues la madre portadora está en desventaja con los padres contratantes: ante las condiciones de vulneración de la primera, el principio de autonomía se vuelve un falso consentimiento.