El Senado se acerca al día clave para permitir la elección de gobernadores regionales y así restablecer el poder básico de los territorios (las antiguas provincias) expropiado en abril de 1830, cuando la coalición ultraconservadora demolió el proceso democrático-constituyente de Chile reflejado en la Constitución de 1828.
El largo ciclo de la semidemocracia autoritaria portaliana cumple casi dos siglos. Chile ha quedado en el rezago y la soledad como el país más centralista de la OCDE y de las grandes democracias americanas, y el único que no elige al Ejecutivo del gobierno regional.
La Presidenta Bachelet, al poner urgencia al trámite legislativo para llegar al 2017 con elección de gobernadores regionales, tras largas negociaciones intra-Nueva Mayoría y con la oposición, obliga a los actores a cumplir la palabra empeñada en vez de la corrupción programática que caotiza al país con un sistema económico y político cuestionado (liberalismo con centralismo).
Las protestas regionales, ambientalistas y mapuches en demanda de mayor autonomía territorial han sido la mitad de los llamados movimientos contenciosos, aquellos que, al igual que el estudiantil por educación gratuita de calidad, demuestran perseverancia en el tiempo y agenda clara (elección de autoridades, potestades, coparticipación en la renta de recursos naturales, posibilidad de modelos alternativos al mero extractivismo).
Los reyes feudales y la mano frenadora de Piñera y Lagos
Un grupo de senadores vinculados a los segmentos del viejo orden de la transición, con lazos en los grandes grupos económicos y con agudas prácticas clientelares, los brokers territoriales en la tesis de Arturo Valenzuela en 1975, que perduran hasta hoy como lo prueba John Durston de la CEPAL, en un estudio sobre las actuales redes de operadores, mediadores y activistas locales en la integración vertical de mandos de obediencia al “senador” o diputado con poder en las direcciones de los partidos y en los Ministerios sectoriales que detentan casi todo el poder (en Chile el gasto subnacional es solo el 15% de la recaudación versus el 50% promedio de la OCDE).
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