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En el contexto de una nueva conmemoración del 11 de septiembre de 1973, la presidenta Michelle Bachelet anunció que le asignaría carácter de urgente a la discusión del proyecto que terminaría con el secreto de los 50 años de silencio que restringe el acceso al archivo de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura (conocida como Comisión Valech I). Este anuncio ha marcado el debate público las últimas semanas, y diversos actores han participado en la discusión sobre el origen de la ley que protege el archivo de la comisión, las limitaciones del secreto, las consecuencias que ha tenido a trece años de su aprobación, y diversas propuestas.
Las Facultades de Psicología y Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, patrocinadas por el Programa Interdisciplinar de Investigación en Memoria y Derechos Humanos de la UAH, organizaron el 10 de octubre el Seminario “El Secreto de la Comisión Valech”, que contó con la presencia de Elizabeth Lira, Decana de Psicología y Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades (2017), comisionada de la Comisión Valech I; Haydée Oberreuter, ex prisionera política y testimoniante de la Comisión; Enrique Rajevic, Profesor de Derecho Administrativo de la UAH, y Héctor Hernández, profesor de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales.
Este seminario abordó la historia de la comisión, revisando su constitución, objetivos, trabajo e informe entregado, los efectos que tuvo para quienes fueron calificados como “víctimas de prisión política y tortura”. Además se abordaron las políticas de reparación que han sido implementadas por el Estado chileno. Los panelistas expusieron el marco legal establecido para el funcionamiento de la comisión, y particularmente sobre su archivo. Se analizaron las implicancias jurídicas del eventual desarchivo de los antecedentes de la Comisión, haciendo mención a la legislación vigente y a la jurisprudencia del Consejo para la Transparencia, y a la utilización de su información por parte de los tribunales de justicia y el público en general. En el ámbito penal los participantes pudieron reflexionar sobre el rol que podrían jugar estos archivos en las investigaciones penales que se lleven a cabo.
Luego de la exposición de los invitados, se desarrolló una ronda de preguntas y un debate con el público, entre los que se encontraban estudiantes universitarios, historiadores, sociólogos y testimoniantes de las comisiones. Las principales reflexiones de esta jornada consideran el especial trato con los datos para consensuar un sistema que garantice el buen uso de la información en procesos judiciales, considerando los testimonios como contexto, indicio y antecedente de la represión; además de la advertencia de la implementación de la ley y la política pública llevada a cabo para quienes fueron víctimas de tortura y prisión política, ejecutados políticos y detenidos desaparecidos. Sin duda esta jornada ofreció un espacio de reflexión, donde diversos actores pudieron compartir sus experiencias y aportar a la discusión nacional.