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El caso de Antonia Barra y el proceso judicial que enfrenta el principal sospechoso de su violación, Martín Pradenas, abrieron el debate sobre los prejuicios de género en el Poder Judicial. ¿Asegurará una eventual nueva Constitución una vida libre de violencia y permitirá erradicar la diferenciación injustificada contra las mujeres? La decana de la Facultad de Derecho, Miriam Henríquez, lo analiza.
Con la expresión “juzgar con toga morada” aludo al deber del Poder Judicial de interpretar y aplicar la normativa vigente sin perpetuar los estereotipos o prejuicios de género. Chile ha asumido el compromiso de revisar la normativa que establece regulaciones discriminatorias contra las mujeres y las prácticas de ese tipo. Este compromiso no podrá ser eludido por el futuro constituyente, quien estará conminado a que la nueva Constitución reconozca, por ejemplo, el derecho de todas las personas a una igualdad sustantiva, a vivir una vida libre de violencia y a un efectivo acceso a la justicia. En otro nivel, el legislador está obligado a tomar todas las medidas jurídicas necesarias para erradicar la diferenciación injustificada contra las mujeres. En paralelo, el Poder Judicial debe considerar la perspectiva de género en todas las etapas de un juicio y en todo tipo de procesos judiciales.
Juzgar conforme a esta metodología de análisis ha concitado un renovado interés con motivo del juicio por los delitos de abuso sexual y violación cometidos contra Antonia Barra. La atención de la ciudadanía mutó rápidamente en indignación cuando se conoció la estrategia de la defensa. Esta se planteó con base en prejuicios asentados en modelos de comportamiento supuestamente correctos exigibles a las mujeres e impuestos socialmente. Se llegó a sugerir que cuando una mujer transgrede esos límites y es víctima de un hecho punible, la responsabilidad del autor disminuye o desaparece…
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