Fuente: Ciperchile.cl
Solo 19 meses después de que el Comando Jungla asesinara a Camilo Catrillanca y apenas tres semanas después de que el Informe de la Misión Canadiense de Derechos Humanos denunciara las “violaciones sistemáticas, generalizadas y continuas de los derechos humanos cometidas por el gobierno del Presidente Piñera desde el 18 de octubre de 2019”, el Parlamento chileno por amplia mayoría le solicitó al gobierno –mediante el Proyecto Resolución 1196– que aplique “mano dura” en La Araucanía.
No es un deja vu ni menos un viaje al pasado, como ocurre en las series de moda de Netflix. Parece ser más bien el “eterno retorno” de la élite política chilena, del Estado chileno, contra las reivindicaciones políticas del Pueblo Mapuche. Muchos de los que interpelaron al ex ministro Andrés Chadwick por el asesinato de Camillo Catrillanca y por las violaciones a los derechos humanos en el estallido social, hoy promueven y avalan una represión que hace escalar la violencia en la zona.
Por cierto, no sorprende lo pendular de las posiciones de la centroizquierda respecto al conflicto en territorio mapuche, sino la irresponsabilidad de darle carta blanca a un gobierno cuestionado nacional e internacionalmente en su capacidad gubernamental –como diría el sociólogo Charles Tilly– de administrar el bienestar y el orden en el territorio con apego a los derechos humanos. No llama la atención que quienes callaron o avalaron la represión en gobiernos anteriores hoy exijan “mano dura”, pero no deja de sorprender lo poco que les cuesta ponerse de acuerdo con la derecha cuando se trata de tildar de “delincuencia” y “terrorismo” el sabotaje que organizaciones mapuche despliegan políticamente contra las grandes empresas forestales. No es una novedad que la clientela electoral de gran parte de esta clase política sean los grupos empresariales y los sectores más conservadores del territorio, a quienes parece no bastarles la “mano dura” aplicada hasta ahora[1], pero sí es un caso digno de estudio lo poco que han demorado luego de levantar la bandera de los derechos humanos durante el estallido, en retornar a la histórica doctrina de la seguridad nacional, la del enemigo interno y del populismo punitivo cuando se trata de las demandas políticas del Pueblo Mapuche…
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