Fuente: Revista Mensaje
Chile se encuentra hoy frente a la oportunidad histórica de avanzar en los cambios que la sociedad demanda y requiere. El proceso constituyente es un camino de diálogo sobre la sociedad que queremos construir y las instituciones que requerimos para ello. Ahora bien, las nuevas constituciones siempre reúnen dos requisitos. Por un lado, son el resultado de acuerdos políticos lo más amplios posibles dentro de las fuerzas democráticas y, por otro, tienen legitimidad social, de modo que tales acuerdos y el proceso de cambio son apoyados por la ciudadanía?. Nuestro acuerdo político demoró años en forjarse. Incluso ha sido tardío, si lo comparamos con el acuerdo social existente por un nuevo texto constitucional. Esto muestra lo relevante del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019. Durante la transición a la democracia, lo posible fue implementar ciertas reformas a la Constitución, donde los opositores a los Cambios operaron como jugadores de veto, de modo que solo se podía reformar aquello que les interesaba cambiar. Los acuerdos de la transición fijaron el Congreso como sede para la discusión constitucional parcializada, cuya cúspide es la reforma de 2005 bajo el gobierno del expresidente Ricardo Lagos con la eliminación de los principales enclaves autoritarios. La propuesta programática del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 2009 abogaba por una nueva Constitución en sede parlamentaria. El proceso constituyente impulsado por la expresidenta Michelle Bachelet tampoco pudo avanzar en el acuerdo político. Chile se encuentra hoy frente a la oportunidad histórica de avanzar en los cambios que la sociedad demanda y requiere. El proceso constituyente es un camino de diálogo sobre la sociedad que queremos construir y las instituciones que requerimos para ello. Ahora bien, las nuevas constituciones siempre reúnen dos requisitos. Por un lado, son el resultado de acuerdos políticos lo más amplios posibles dentro de las fuerzas democráticas y, por otro, tienen legitimidad social, de modo que tales acuerdos y el proceso de cambio son apoyados por la ciudadanía.
Nuestro acuerdo político demoró años en forjarse. Incluso ha sido tardío, si lo comparamos con el acuerdo social existente por un nuevo texto constitucional. Esto muestra lo relevante del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019. Durante la transición a la democracia, lo posible fue implementar ciertas reformas a la Constitución, donde los opositores a los Cambios operaron como jugadores de veto, de modo que solo se podía reformar aquello que les interesaba cambiar. Los acuerdos de la transición fijaron el Congreso como sede para la discusión constitucional parcializada, cuya cúspide es la reforma de 2005 bajo el gobierno del expresidente Ricardo Lagos con la eliminación de los principales enclaves autoritarios. La propuesta programática del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 2009 abogaba por una nueva Constitución en sede parlamentaria. El proceso constituyente impulsado por la expresidenta Michelle Bachelet tampoco pudo avanzar en el acuerdo político.”
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