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Elizabeth Lira desde su oficina en el decanato de la Facultad de Psicología de la Universidad Alberto Hurtado recuerda que en 1990 el diario El Siglo publicó un gran número de nombres de personas identificadas como agentes de los organismos de seguridad. Según ella, la divulgación de esa información fuera de un contexto judicial, puede tener consecuencias personales, sociales o familiares para quien aparezca nombrado, pero la responsabilidad efectiva se produce únicamente en el marco de un proceso judicial y en relación con delitos que puedan ser probados.
-¿Considera válido que se proponga terminar la reserva sobre los testimonios de la Comisión Valech frente a un momento de reactivación de casos de derechos humanos como el caso de los jóvenes quemados en 1986, y la condena de ex militares por el asesinato del químico de la DINA Eugenio Berrios?
-La Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, conocida coloquialmente como Comisión Valech, en memoria de su presidente el obispo Sergio Valech, hizo un informe y propuso recomendaciones sobre las medidas de reparación. El informe se entregó al Presidente de la República Ricardo Lagos, se publicó y se dictó una ley de reparación (ley 19992). La reserva fue una decisión de Gobierno, establecida en la ley. La agrupación de ex presos políticos de Santiago consideró que el embargo por 50 años, era inaceptable y publicaron con la DIBAM en la serie “Fuentes para la historia de la República” un libro que se llama “Cien voces rompen el silencio” que son los testimonios presentados a la Comisión Valech, debidamente identificados.
¿Cómo ex integrante se les consultó sobre esta medida?
-Yo puedo hablar a título personal, pero la Comisión como tal no tuvo autoridad ni incidencia sobre la producción de la ley ni su tramitación. Cuando se atribuye a la Comisión esa responsabilidad es no saber que todas estas comisiones funcionan de acuerdo a un mandato muy acotado con fecha de inicio y de término.
Para Lira el gobierno de Ricardo Lagos hizo una revisión de las políticas de derechos humanos que había iniciado la Concertación con el ex presidente Patricio Aylwin y se propusieron medidas complementarias, respondiendo a las demandas de las víctimas, en el documento “No hay Mañana sin ayer”.
“Tenemos que pensar que había dos visiones contrapuestas, algunos pensaban que se había hecho casi todo lo que se podía hacer y que era conveniente cerrar porque que el país no se podía pasar hurgando las atrocidades cometidas por años, afectando la convivencia y la reconciliación política. Otros pensaban que quedaban muchos temas pendientes, y que resolverlos era condición para la reconciliación política, entre ellos el paradero de la mayoría de los detenidos desaparecidos y la situación de los ex presos políticos. En este último caso, la dificultad radicaba en la estimación del número de víctimas. El Colegio Médico había señalado que eran algo más de 200 mil las personas que estuvieron detenidas y torturadas, pero otros documentos mencionaban que eran sobre 800 mil. El número era un factor decisivo. No era posible imaginar una comisión que revisara caso por caso durante el período de gobierno si esa era la magnitud del problema, no alcanzaba el tiempo. La decisión se tomó a pesar de todas estas dudas, debido a las peticiones que diversos grupos de víctimas hicieron al presidente Lagos.
¿Las violaciones a los derechos humanos era un ámbito muy conflictivo y se propuso abordar solamente algunos casos simbólicos o emblemáticos?
Se formuló en algún momento de esa manera. Pero creo que no respondía a las necesidades de todas las víctimas. Para muchas personas parecía que si se había condenado a Manuel Contreras por el asesinato a Orlando Letelier se hacía justicia, de igual modo que en el caso de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, pero al mismo tiempo muchas víctimas pensaban que eso era sólo el comienzo, como se ha demostrado con el paso del tiempo. La detención de Pinochet en Londres es un momento crítico que modifica la visión moral del problema, su relación con la estabilidad política del país y la solidez de la democracia. Pone en evidencia la necesidad de garantizar que nadie está por encima de la ley y que las personas tienen que responder por los actos criminales que cometieron aunque los hubieran cometido en nombre de la salvación de la patria. La discusión en el proceso judicial en Londres hace aparecer que tenemos muchos casos pendientes, que hubo tortura hasta el último minuto de la dictadura y que Pinochet era responsable como jefe de Estado.
-¿Es hora de que los militares abran sus archivos?
-Al parecer, está claro que los archivos sobre la represión política no están en los archivos oficiales, pero no sabemos cómo se registró esa información y dónde se encuentra. Creo que se puede cambiar de actitud frente a este tema, enfatizando la responsabilidad de todos los chilenos, incluidos los militares, de dar satisfacción al derecho de las personas de saber dónde están sus familiares.
-Esta semana un militar condenado se suicidó.
-Yo creo que muchos no están dispuestos a entregar información por las consecuencias que pueden tener para ellos mismos. Los motivos para declarar sobre los crímenes en los que se participó pueden ser morales, es decir, una persona siente que en conciencia no se puede ir a la tumba con este secreto, pero para otras personas reconocer esa participación puede ser muy conflictiva en sus propias familias les resulta intolerable y no están dispuestos a hablar por temor al rechazo familiar.
¿Saber que tu abuelo fue torturador debe ser un quiebre familiar feroz?
-Uno no puede tener un juicio drástico, porque hay muchos tipos de silencio: uno es decir todos cometimos delito y nadie habla, pero otros pueden pensar que el silencio los protege de perder el afecto de los suyos, porque si la familia sabe que el abuelo fue un torturador, él mismo no sabe si los nietos estarían dispuestos a seguir considerándolo su abuelo. Aquí tenemos capas geológicas de obstáculos para la posibilidad de conocer la verdad; desde los obstáculos personales y de conciencia, o la percepción de deslealtad, hasta la noción de algunos, ante las sentencias condenatorias que han sido tratados con una tremenda injusticia, porque no se les reconoce como salvadores de la patria, es decir las argumentaciones tienen un gran abanico y diversidad valórica y subjetiva. Pero creo que hay que subordinarlas a una perspectiva de bien común. La paz de un país requiere que las personas reconozcamos los derechos de todos y por cierto el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas. La dificultad mayor es que los tiempos de las víctimas son urgentes, se están muriendo muchas de las mamás que durante 40 años buscaron a sus hijos. Y muchos de los victimarios no contribuyeron ni han contribuido a resolver esta tarea que forma parte de la paz que todos queremos y necesitamos.
Elizabeth Lira
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