Rectores de la U. Alberto Hurtado, U. Católica y U. Diego Portales analizan el impacto del beneficio Universidades advierten que por gratuidad es insostenible en el tiempo. Directivos aseguran que los déficits podrían afectar a los planteles complejos, que cuentan con académicos que además hacen investigación. También dicen que existía un compromiso, sobre todo con los alumnos, para adscribir a la política.
Rector Eduardo Silva UAH: “Que las Ues de calidad adopten la gratuidad no debiera ser voluntario”
El rector de la U. Alberto Hurtado, Eduardo Silva, es categórico en afirmar que “la política de gratuidad ha permitido el acceso a la educación superior de calidad a jóvenes talentosos de los primeros deciles: es un avance en equidad y justicia”. Pero añade que su implementación “no ha estado libre de problemas. El mayor es que la glosa presupuestaria considere un arancel regulado inferior al arancel real, provocando un déficit en las universidades”.
Por lo mismo, dice que si se quiere que todos los planteles “de calidad adopten esta política ella no puede perjudicarlas financieramente”. Y en esa línea, asegura que la brecha financiera que han experimentado las instituciones “no es sostenible por más tiempo”. Y por eso indica que es necesario que se afinen los aranceles regulados, “considerando los costos reales de universidades muy heterogéneas en su acreditación”.
También postula “que las universidades de calidad adopten la gratuidad no debiera ser voluntario. Ella es obligatoria para las estatales, y todas las privadas del Consejo de Rectores la han adoptado. Fl Mineduc debe propiciar que públicas no estatales de calidad como la UAH la adopten y no se vean perjudicadas por ello”.
En esa línea, la máxima autoridad de la U. Alberto Hurtado también señala que adscribieron a la gratuidad porque “creemos que es una política de Estado que avanza en la equidad. No entramos pensando en ganar o perder plata. Nos suscribimos asumiendo las consecuencias”.
Silva agrega que su anhelo es que la gratuidad sea universal, “pero esto no será viable si pretendemos que el actual gasto privado sea reemplazado por gasto público. La formación de un profesional no solo es un bien para el país sino un beneficio personal; por lo tanto, es de justicia que el beneficiado retribuya por la profesión recibida”. Esto, a través de un impuesto o de un crédito solidario contingente al ingreso.
Ver artículo completo