Carolina Stefoni, académica del Departamento de Sociología UAH.
Los argumentos entregados por el gobierno para justificar la imposición de una visa de turismo sorprenden por lo contradictorio de la postura frente a la situación de Venezuela, por la simplicidad con la que pretende enfrentar un tema muchísimo más complejo, y por la confusión de conceptos utilizados para graficar la situación: ¿se trata de una crisis humanitaria, una crisis migratoria o una crisis de refugio?
Estos argumentos pueden resumirse en tres ideas centrales: el ingreso de venezolanos debe ser ordenado, seguro y regular, es decir no pueden entrar como turistas aquellos que quieran radicarse en el país; no se puede permitir el ingreso a cualquier persona, por lo que los consulados serían la instancia para revisar los antecedentes y autorizar el ingreso de personas que quieran entrar como turistas o como migrantes; y por último, que el ingreso sin visa consular o humanitaria dejaría a la población migrante expuesta a una serie de abusos.
Sin embargo, observamos debilidades necesarias de puntualizar. En primer lugar, existe una contradicción entre el mensaje político de apoyo a la oposición venezolana y las medidas que dificultan el ingreso a los inmigrantes de ese país, como es la reciente visa de turismo, la bajísima aceptación de solicitudes de refugio y la mínima tramitación de visas de responsabilidad democrática, sobre todo cuando se compara con la envergadura de este movimiento. En Colombia hay cerca de un millón trescientos mil venezolanos, en Perú se contabilizan casi 800 mil y en Ecuador unos 250 mil, por lo que otorgar 30 mil visas de responsabilidad democrática no puede mostrarse como una política comprometida con la crisis que enfrenta ese país.
En segundo lugar, cuando el gobierno instala la idea de que los venezolanos deben cumplir la ley (apuntando a la figura del falso turista), no aclara que es la propia legislación nacional la que establece que todas las personas pueden entrar como turistas y cambiar internamente su condición migratoria. Los venezolanos no están pasando por sobre la ley, sino que están haciendo lo que la propia ley permite y lo que han hecho todas las personas migrantes que han llegado al país.
En tercer lugar, el argumento de que la visa de turista y visa de responsabilidad democrática permite proteger los derechos de los migrantes venezolanos, si bien es cierto (es muchísimo mejor llegar con un rut), aplica a un número tan ínfimo de personas, que no puede ser presentada como una solución humanitaria. Además, la evidencia internacional señala que frente a fuertes presiones migratorias, las restricciones contribuyen al desarrollo de la industria migratoria, esto es un sistema de coyotaje altamente profesionalizado que encarece el desplazamiento y el ingreso a un país, lo vuelve infinitamente más inseguro y violento, dejando a las personas enfrentadas a organizaciones criminales internacionales como son las de trata y tráfico. Basta recordar que el coyotaje explotó en la frontera México-Estados Unidos cuando este último país impuso una serie de medidas restrictivas a la migración centroamericana.
¿Crisis migratoria o crisis humanitaria? No hay duda que estamos frente a una crisis humanitaria, pero esta crisis de origen político y económico se profundiza cuando los países cercanos comienzan a cerrar las puertas y dejan con ello a las personas totalmente expuestas en las rutas y en las zonas de fronteras.
La pregunta de fondo debe ser cómo la región abordará la situación migratoria y de refugio que plantea Venezuela. Perú, Ecuador y Chile han implementado medidas específicas (permisos transitorios y visa de responsabilidad democrática), pero no es suficiente. Es necesario comprender que ningún país por sí mismo puede resolver o asumir en solitario una solución. La interdependencia en este tema requiere mostrar muchísima más generosidad y coordinación por parte de los países receptores. Sudamérica se ha caracterizado por ser una región orientada a la integración social, cultural y económica. Las legislaciones migratorias de los distintos países (con excepción de Chile) se sostienen en la protección de los derechos humanos. Venezuela hasta hace poco fue un país que recibió a más de 4 millones de inmigrantes que llegaron atraídos por el boom petrolero o escapando de gobiernos autoritarios. Se trata, por tanto, de una crisis política que genera una situación migratoria crítica y que requiere ser abordada desde una perspectiva humanitaria, poniendo la figura del refugio como una categoría central.
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