Carolina Stefoni, académica del Departamento de Sociología UAH.
La noticia sobre el cambio de posición que adoptó Chile en el último momento y que lo llevó a no suscribir el Pacto Mundial para la Migración impulsado por Naciones Unidas, abre una serie de interrogantes y preocupaciones de orden político a la vez que deja enormes dudas respecto de la real preocupación que tiene el gobierno por la protección de los derechos humanos de las personas. Las preocupaciones de orden político refieren al poder que podría estar teniendo la ultra derecha en Chile, y que habría llevado al país a alinearse con las políticas nacionalistas de gobiernos como el de Orban (Hungría), Salvini (Italia), Duda (Polonia) y Trump en Estados Unidos. Esto por cuanto las razones entregadas por el gobierno carecen de todo peso argumentativo, lo que plantea la legítima pregunta de qué es lo que lleva al país a rechazar el Pacto Global.
El subsecretario justificó el cambio en la postura de Chile a partir de tres elementos: el Pacto no distinguiría entre los derechos y obligaciones que le asisten a migrantes regulares e irregulares; otorgaría cierta flexibilidad en los procesos de regularización; y otorgaría beneficios a personas que emigran por desastres naturales.
En primer lugar, convengamos en que el texto estuvo disponible desde hace bastante tiempo, por lo que los reparos podrían haber sido esgrimidos con anterioridad. Sin embargo, al revisar la postura de Chile en esta materia observamos que el país -y el actual gobierno- participó de todas las instancias de discusión del Pacto, aprobó el texto y nunca puso en duda su apoyo. Además, se mostró en completa sintonía con la necesidad de avanzar hacia una migración ordenada, segura y regular. Tanto es así que el mismo Presidente ha citado esta frase central del Pacto Global en el proyecto de Ley migratoria que presentó a principios de este año, en las medidas administrativas adoptadas en abril de 2018 y en la discusión parlamentaria que se ha desarrollado a lo largo de este año. Ahora bien, respecto de los argumentos señalados, se trata de interpretaciones que se oponen incluso a lo que el mismo gobierno ha promulgado en el proyecto de Ley, ya que allí se establece que tanto los inmigrantes regulares como los irregulares, tendrán derecho y acceso a la salud y a la educación (algo que opera actualmente). Por lo demás, es el propio gobierno quien impulsó un proceso de regularización, permitiendo a miles de personas pasar de un estatus irregular a otro regular. Es decir, no hay nada distinto en el Pacto en materia de protección de los derechos de los migrantes, que Chile no esté haciendo actualmente.
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