Fuente: Revista Mensaje
La legislación que se estudia en Chile para afrontar los desafíos que implica el surgimiento de los neuroderechos apunta a normar el respeto a estos: se trata de un punto de encuentro entre la tecnología y la mente humana. Durante la última década, organismos gubernamentales de Estados Unidos, China, Corea, la Unión Europea, Japón, Canadá y Australia, ente otros, han creado grandes proyectos que financian la investigación pública en neurociencia, con el objetivo de potenciar el progreso del conocimiento del cerebro humano y del tratamiento de enfermedades psiquiátricas y neurológicas. Estas iniciativas dieron lugar a neurotecnologías que tienen una capacidad sin precedentes para «leer» o detectar estados mentales mediante la interpretación de patrones de actividad neuronal, y «escribir» o modificar estados mentales mediante la modulación de la computación neuronal. Estas tecnologías, que están siendo desarrolladas cada vez más en la industria con capital privado, tienen crecientes aplicaciones clínicas y no clínicas (educacionales, laborales, de entretenimiento, militares, etc. ) que no están plenamente exploradas ni reguladas por leyes nacionales o tratados internacionales. Por este motivo, el desarrollo de un marco normativo se ha convertido en una prioridad global.
El Morningside Group, un grupo interdisciplinario liderado por el neurocientífico Rafael Yuste, se formó con el objetivo de elaborar una propuesta que articule derechos específicos para la regulación de la neurotecnología, también conocidos como «neuroderechos». Este marco introduce cinco neuroderechos: el derecho a la identidad personal, el derecho al libre albedrío, el derecho a la privacidad mental, el derecho al acceso equitativo a las tecnologías para el aumento de la capacidad cognitiva, y el derecho a la protección contra los sesgos de los algoritmos…
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