María Teresa Rojas, académica Facultad de Educación.
La investigación se construyó a partir de una encuesta en línea realizada a 157 directoras y directores de escuelas de 4 ciudades del país (Iquique, Coquimbo, Puerto Montt y Punta Arenas). Con un carácter exploratorio, el estudio siguió un diseño cuantitativo no experimental con un alcance descriptivo. El trabajo de recolección de los datos se realizó en 2018, después de dos años de los inicios de la implementación de la Ley de Inclusión Social.
Los académicos dieron a conocer cómo la Ley de Inclusión Escolar, en tanto su implementación, medidas y regulaciones, se transformaron en un desafío para la gestión y liderazgo de los directores y directoras de escuelas, dando a conocer las tensiones que enfrentan para contribuir en la justicia social.
Durante la investigación se acudió a diversos autores para comprender el rol del liderazgo inclusivo para promover la desegregación y la justicia social, concluyendo que la mayoría de los directivos no poseen una conceptualización específica sobre la inclusión y la justicia social. Pues, estos actores reconocen que en su formación y en su carrera directiva no han tenido posibilidades ni condiciones para reflexionar al respecto.
Para evidenciar las disposiciones de directoras y directores respecto de la LIE, la encuesta consideró cinco dimensiones: 1) nivel de acuerdo con los principios de la ley, 2) acciones implementadas a partir de la aplicación de la ley, 3) percepción sobre el perfil de estudiante que ha ingresado mediante el nuevo sistema de admisión, 4) nivel de participación de la comunidad escolar, y 5) obstáculos y necesidades para implementar la LIE.
Finalmente, los resultados muestran que los directivos comparten principios de esta política, pero prevén que tendrán problemas por falta de capacitación a los profesores y tensiones de implementar políticas de inclusión en un sistema escolar que mide calidad a través de pruebas estandarizadas.
Por otra parte, la investigación propone que es necesario que las directoras y directores manifiesten compromiso con los principios de la política, pero también evidencia que existen zonas de conformismo y resistencia de parte de los directivos por la falta de condiciones para la implementación de una regulación de esta naturaleza, destacando entre ellas la fragilidad de los recursos pedagógicos y profesionales, y la mantención de una lógica evaluativa de la calidad que apunta a la estandarización de los resultados académicos, principio contrario a la diversidad y la inclusión.
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