El Programa Interdisciplinar Memoria y Derechos Humanos abordará las violaciones de los derechos humanos y los procesos de memoria en Chile y América Latina y sus efectos en la constitución de subjetividades, discursos y prácticas en el campo político, jurídico, psicológico, sociológico, literario y artístico.
El lanzamiento se realizó el viernes 1 de abril y contó con la presentación del Vicerrector Académico, Pedro Milos, de la Decana de Psicología y reconocida investigadora en el tema de Derechos Humanos Elizabeth Lira, y con la conferencia inaugural “Nuevos Desafíos para la Complicidad Empresarial en Dictaduras y Conflictos Armados” que fue dictada por la Dra. Leigh A. Payne.
Para el Vicerrector Académico, quien es historiador y forma parte de la iniciativa “La creación de este programa permite hacernos cargo de los problemas profundos de nuestra sociedad, que arrastramos por décadas y que requieren creación de conocimiento científico desde las disciplinas que nosotros como cientistas sociales cultivamos. Si no creamos conocimiento, si no incorporamos temas como éste no vamos a estar aportando a la sociedad ni vamos a ocupar el lugar que queremos ocupar en el desarrollo científico del país”, señaló.
La Decana de la Facultad de Psicología e investigadora de larga trayectoria sobre temas de Derechos Humanos, Elizabeth Lira explicó algunos de los objetivos del programa “Nos interesa contribuir a que la paz sea duradera y la experiencia en América Latina nos muestra la enorme dificultad de mantener una paz duradera y de mantener una convivencia democrática en la sociedad, por eso nos parece tan importante contribuir a una reflexión académica sobre la memoria política”.
“Cuando uno investiga sobre estos temas uno se conmueve -nos ha pasado a todos-, se entristece, se afecta se conduele y necesita que ese malestar se traduzca en algo eficaz, en la mejoría de la persona, en el conocimiento que vamos a compartir, en la posibilidad de iluminar mejor cómo podemos poner al servicio de la paz el conocimiento de atrocidades que puestas como atrocidades son imposibles de escuchar, pero que necesitamos colocar para que no vuelvan a ocurrir. El tema de este programa interdisciplinario implica hacer entrar en diálogo los expedientes judiciales, con los registros sociales, pero también con los modos de trabajar con las distintas disciplinas”, resumió la psicóloga.
Conferencia inaugural analizó la complicidad de las empresas en las dictaduras
Finalmente la Doctora en Sociología y miembro del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford (Reino Unido), Leigh Payne dictó la conferencia “Nuevos Desafíos para la Complicidad Empresarial en Dictaduras y Conflictos Armados”.
La profesora Payne presentó su investigación sobre la participación de las empresas en las violaciones a los Derechos Humanos en diversas dictaduras y la necesidad de verdad y justicia en este tipo de casos. “La complicidad empresarial significa reconocer la participación de las empresas en las dictadura, hacer responsables a las empresas por su participación en la violación de los Derechos Humanos y promover las garantías de no repetición y el cumplimiento de los derechos de las víctimas”, explicó.
Para la investigadora de la Universidad de Oxford “La represión desarrollada por las dictaduras dependía del apoyo directo e indirecto de las empresas y de los empresarios, dictaduras no sólo militares sino civiles militares, como dice una bandera de una marcha en Argentina “Los grupos económicos también fueron la Dictadura” y cometieron atrocidades como cómplices. No es posible pensar en las dictaduras latinoamericanas sin incluir el modelo económico las alianzas con las grandes empresas y la represión contra sindicalistas y obreros…”
En su exposición la especialista destacó especialmente los esfuerzos que ha emprendido la justicia Argentina por hacer responsables a las empresas por su papel en el accionar represivo en el Régimen Militar. Dio como ejemplos los casos de juicios al empresario de transportes Marcos Levín, declarado culpable por el delito de privación ilegítima de libertad y tortura a un líder sindical de su empresa en 1977 y la demanda de Martín Garramone, hijo de un desaparecido contra los bancos Citibank y Bank of America National Association, argumentando que los préstamos de los bancos fueron cruciales para financiar el aparato represivo de la dictadura militar argentina. Para ello citó un informe del experto argentino en complicidad financiera del Consejo de DDHH de la ONU el cual demuestra que los bancos eran conscientes de que los fondos transferidos a Argentina serían usados para apoyar la infraestructura represiva.
“El éxito de Argentina ofrece modelos que pueden ser adaptados a las diversas realidades. No depende tanto del ambiente político sino de la cultura judicial, de la capacidad del poder judicial de poder llenar el vacío legal, y el uso creativo de la legislación. Tal vez dependen del ambiente político, pero también es importante la demanda de la sociedad civil. El poder judicial no va actuar si no hay demanda de la sociedad”, explicó.
El único caso chileno que contempla su investigación es el juicio contra la empresa CMPC (Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones) por el crimen de 19 trabajadores de la Papelera, conocido como el caso Laja o la masacre de Laja. Aunque hasta ahora sólo hay ex Carabineros procesados.
“No se trata de castigar a las empresas por su comportamiento pasado sino de construir un futuro democrático sobre una base sólida de respeto a los Derechos Humanos y de promover posibilidades de verdad, justicia y reconciliación”, reflexionó la investigadora.